Al principio de mayo de 2020 comenzó una diligencia de desalojo en el sector de Altos de la Estancia, en la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá. Tristemente se aplicó el común denominador para este tipo de diligencias, es decir el uso de la fuerza pública y una cuestionable negociación con la población. La problemática social de esta población se ha agravado, ya que en medio de la cuarentena y con una pandemia global, ahora están sin hogar o hacinados en algún sitio luego de perder sus casas.

Estas invasiones son ocupadas por recicladores que habían levantado sus «ranchos» por sí mismos. En una cuestionable diligencia los han dejado literalmente en la calle.

La tenencia de la tierra en Latinoamérica es un problema que existe desde hace mucho tiempo. Ha sido la causa de varios conflictos y ha agudizado la desigualdad social de estos países. La obtención de una vivienda es algo que se ha convertido en un privilegio o en lujo, incluso conseguir un techo bajo la modalidad de arriendo se ha vuelto imposible para un gran porcentaje de la población.

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Debido a esto las ciudades latinoamericanas han crecido como «mancha de aceite», pues la invasión de tierras se ha convertido en la alternativa para miles de familias. Al final estas invasiones van pasando lentamente hacia la legalidad aunque conserven otras problemáticas sociales graves.

La problemática de Altos de la Estancia es bastante antigua, algunos de sus habitantes tienen más de ocho años de habitar allí en sus casas hechas con madera y tejas de zinc. Al parecer existen confusiones sobre quién es el dueño de la tierra, se habla de una persona llamada Soledad Cobos Laurens, se habla sobre registros catastrales para los ranchos de estas personas y también se habla que los terrenos son distritales.

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En medio de estas confusiones, distintas entidades han validado (conveniente o inconvenientemente) estos asentamientos y muchas de estas viviendas figuran en los registros de empresas de servicios públicos, secretarías de hacienda o el Sisbén. Una singular dualidad entre legalidad e ilegalidad que hace más inentendible la forma en que el estado pretende manejar la situación de estas personas.

Personal del distrito desarma los ranchos de los habitantes del lugar, mientras son custodiados por una fuerte presencia policial.

Sobre este desalojo, hay distintos relatos. Los entes distritales hablan de habitantes que desalojan voluntariamente y que el distrito ayuda a trasladar sus enseres a un lugar seguro. Recordemos que la razón detrás del desalojo es que estos lotes están en una zona de riesgo. Los habitantes por su parte indican que las negociaciones han sido unilaterales y con un tono amenazador, adicional a esto la fuerte presencia de la fuerza pública resulta intimidante.

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Los habitantes también indican que esta forma de llevar las negociaciones y el desalojo ha hecho que algunos entreguen sus viviendas voluntariamente pero por el miedo a lo que pueda pasar. Otros si han decidido luchar y esto es lo que ha derivado en varios vídeos virales que muestran los fuertes enfrentamientos con la fuerza pública y los desmanes de policía.

Luego de una semana de desalojos, el problema se hizo más público y esto involucró a defensores de derechos humanos y colectivos sociales que junto con medios alternativos ahora están apoyando a la población en medio de esta triste situación. El día 11 de mayo se suspendió la diligencia al parecer por ciertos vicios en la misma.

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Es posible que se reanude, aunque por el momento la problemática volvió a ser pública. Tiempo atrás ya varios medios habían hecho pública la precaria situación de esta zona de Bogotá, pero al parecer las soluciones no llegaron, solo llegaron los desalojos.

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Ronald Ernesto Cano Gutiérrez

Ronald Ernesto Cano Gutiérrez

Cucuteño, desarrollador de software, activista, ciclista, cinéfilo y fotógrafo de calles, paisajes y luchas.